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Reformar el sistema de pensiones debe ser una prioridad del nuevo gobierno, pues se trata de una “bomba de tiempo”, advirtió la firma Consultores Internacionales S.C. (CISC).
Planteó que para que el sistema de pensiones mexicano sea más eficiente se requieren reformas estructurales, especialmente la laboral y fiscal, que promuevan el crecimiento de los salarios reales y, en consecuencia, el monto de las pensiones y su financiamiento saludable.
Incrementar los impuestos, las cuotas obrero-patronales, ampliar los requisitos para la jubilación y recortar el monto de las pensiones están entre los esquemas que deberán ser estudiados pera resolver este grave problema, ello como cualquier medicina no tiene buen sabor, pero es necesaria”, expuso.
De igual forma, expuso, destacan casos como el de las pensiones que otorga el IMSS como patrón, donde las soluciones que se implementen deben ser resultados de acuerdos con los beneficiarios y el propio sindicato, factor que en la práctica ha obstaculizado la reforma.
“El panorama pues no es nada favorable, pero hay que desactivar la bomba antes de que sea demasiado tarde”, alertó la firma especializada.
Destacó que con las reformas a las leyes del IMSS y del ISSSTE en 1995 y 2007, respectivamente, con un sistema de reparto a otro de contribuciones definidas y cuentas individuales administrado por las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), se liberó de cargas financieras al sistema.
Con estos cambios, apuntó, se buscó atacar el problema que prevalecía de la inviabilidad financiera del sistema de pensiones y generar efectos favorables en los niveles de ahorro nacional, en la formalización del mercado laboral y en el desarrollo de los mercados financieros.
Sin embargo, el Estado asumió el financiamiento de la llamada cuota social y la pensión garantizada, además de los propios sistemas aún no reformados como los de los grandes organismos y empresas bajo control presupuestario directo.
Entre estos, los sistemas de pensiones de Petróleos Mexicanos (PEMEX), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y los sistemas estatales, entre los más importantes.
Esto ha puesto una enorme presión sobre las finanzas públicas federales y estatales, pues desde el punto de vista actuarial el pasivo laboral es financieramente inviable, y el problema se agrava porque estos esquemas no están propia y suficientemente fondeados y el pago de las pensiones actuales se obtiene de recursos corrientes o de endeudamiento, anotó.
La consultoría refirió que según estimaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en 2017 el gasto para las pensiones que eroga el gobierno federal representará 3.3% del Producto Interno Bruto (PIB).
En el caso de las obligaciones del IMSS, mencionó que su déficit financiero para el periodo 2011-2050 representa 13.4% del PIB, pero estudios recientes estiman que el pasivo laboral de las pensiones públicas supera 104% del PIB, con lo que “el caso es sin duda grave”.
En el caso de las pensiones privadas, opinó que no todo es “miel sobre hojuelas”, pues el sistema de pensiones vía capitalización y cuentas individuales está en una encrucijada, porque su rentabilidad ha ido cayendo.
Además, alertó, las contribuciones de los trabajadores son insuficientes para garantizar que, al momento del retiro, un jubilado reciba entre 60 y 70% de su sueldo, como se calculó originalmente.
Indicó que entre los factores que tienen en esta condición al sistema son la subestimación de los salarios para el cálculo de la contribución del trabajador, así como el efecto negativo que la crisis actual ha venido teniendo sobre los montos de los mismos.
Asimismo, añadió, las elevadas comisiones que cobran las Afores por la administración de los fondos para el retiro, y la falta de decisión de las autoridades para aplicar la ley y permitir la inversión de los recursos en el mercado de renta variable como lo es el accionario.
De acuerdo con CISC, un punto adicional que carga presión al sistema es el fenómeno de “multipensiones”, cuando un jubilado por los años trabajados en distintos sistemas accede a más de una pensión al mismo tiempo.
Refirió que otro factor que influiría sobre la carga financiera del sistema es el incremento en la informalidad, ya que estos “trabajadores” no contribuyen al financiamiento de las pensiones actuales, pero sí podrían ser una carga en algunos años.
Lo anterior, aclaró, si se considera que el gobierno recién electo tiene entre sus propuestas implementar un esquema de seguridad social universal independientemente de la condición laboral del beneficiario, y que incluye una pensión a partir de los 65 años.
En este contexto, es prioridad del nuevo gobierno meterse a fondo en el tema, ya que es una bomba de tiempo que podría estallarle en las manos”, subrayó la firma.
Explicó que las peculiaridades del este gran problema no tienen que ver con que el monto para cubrir pensiones y jubilaciones sea elevado, sino que los recursos destinados a promover la generación de mayor riqueza, que a su vez permita generar en el futuro los recursos para seguir otorgando bienestar social, son mucho menores por falta de reformas.
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