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El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha advertido que “Argentina, en estos momentos, tiene que afrontar unas necesidades de financiación de unos 36.000 millones de dólares y puede que vea cortado el acceso al crédito internacional”. La frase sonó como una amenaza, pero la pregunta es hasta qué punto puede España frenar esa financiación para Argentina como represalia a la expropiación del 51% de Repsol en YPF.
Al igual que en años anteriores, Argentina no prevé recurrir a los mercados internacionales de deuda para financiar esos 10.500 millones, sino que echará mano del superávit fiscal primario (antes del pago de intereses y capital de la deuda) y de nuevos fondos del Banco Central y otros organismos públicos.
Por tanto, España solo puede presionar para que el Banco Mundial, el BID y algún otro ente multilateral no renueven los créditos a Argentina, que en total representan el 8,4% de sus necesidades de financiación de 2012. La deuda de Argentina con el Banco Mundial, que se destina a financiar proyectos de desarrollo social e infraestructura, asciende a 4.603 millones de dólares, el 2,6% del total del pasivo de este país sudamericano.
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