Raúl Vergara Arias
Economía
Querido Santa, te pedimos: “Internet Libre Para Todos”
El pasado 22
de enero, diversas organizaciones civiles presentaron la iniciativa ciudadana
“Libre, Internet Para Todos”, que por un costo estimado de 30 mil millones de
pesos a cargo de quienes pagan impuestos, pretende elevar el derecho al acceso
internet a rango constitucional, además de incluir una ley reglamentaria que
establecería la forma de proveer el nuevo derecho. De entrada esta propuesta
suena bastante atractiva; seguramente será bien recibida por la sociedad y se
escucharán numerosas voces pidiendo que sea aprobada, sin embargo, en realidad
el asunto no es tan sencillo, y tras un cauteloso análisis surgen varias
razones por las que el Congreso no debe permitir que dicha iniciativa llegue a
la Constitución. A continuación expongo algunas de las mismas:
En primer
lugar, el acceso internet no es una necesidad básica del ser humano, por lo que
la idea de que es necesario elevarlo a rango constitucional para que el estado
lo provea con el dinero de los contribuyentes es, en el mejor de los casos,
cuestionable, por no decir ridícula, especialmente en un país donde muchas
personas tienen mayores necesidades como educación, salud o vivienda aun insatisfechas.
Dentro del texto de la iniciativa, se toma como ejemplo a países como
Finlandia, Francia, Estonia, España y Grecia, que ya han establecido el derecho
al internet; no obstante, los primeros tres tienen economías sumamente
productivas y con un nivel de riqueza que les permite financiar proyectos
“superfluos”, mientras que los otros dos son países que gastaron más de lo que
tenían y ahora pagan las consecuencias; México debería aprender de su
experiencia y procurar no seguir sus pasos.
Por otro
lado, la iniciativa hace hincapié en garantizar el acceso a internet en las
zonas más marginadas del país. Pedir esto tiene sentido si lo que se busca es
el apoyo de la sociedad, pero en la práctica hay un serio problema: el internet
es un servicio que no sirve de nada si no se tiene un dispositivo para acceder
a él; y ya que el proyecto de ley no contempla el regalar computadoras o smartphones, de poco servirá el colocar
antenas que provean internet inalámbrico en comunidades pobres, cuyos
habitantes se beneficiarían mucho más de otra clase de programas sociales.
“Libre,
Internet Para Todos” es la primera iniciativa ciudadana que se presenta en
nuestro país desde que éstas fueron permitidas por la Reforma Política del año
pasado. Lamentablemente, en ella se muestra claramente el principal riesgo de
la figura de iniciativa ciudadana: que sea usada simplemente como un instrumento
para enviar cartas a Santa Claus (o más bien a Papá Gobierno) pidiendo que
pasen leyes que beneficien sólo a un grupo de personas, que en este caso son
los usuarios de internet, quienes ya no tendrían que pagarlo directamente.
Ahora bien,
si lo que se busca es que en México el internet sea más accesible, de mejor
calidad y que llegue a más personas y áreas geográficas, la forma más eficiente
de lograrlo no es dándole al gobierno la tarea de otorgarlo con el dinero del
erario, sino permitiendo que haya una mayor competencia en dicho sector.
Nuestro país sufre de precios altos y velocidad baja en internet no por falta
de intervención gubernamental, sino por las barreras que impiden que aumente la
competitividad entre las empresas del ramo y mantienen fuera a competidores
potenciales; de modo que la solución más efectiva y barata sería simplemente
eliminarlas. Esperemos que los legisladores se den cuenta de la situación y
apoyen mejores programas sociales.
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